A fin de poder desarrollar la medida el juez dispuso requerir informes al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y a distintas prestadoras en torno a los números telefónicos utilizados por el ex ministro Carlos Vladimiro Corach entre 1995 y 1999 y por ocho de sus asesores de entonces. El magistrado indició que el informe debe incluir los “contactos telefónicos de las personas y abonados de interés, fecha, hora y duración de éstos, el origen y destino de las llamadas y celdas”.

También dispuso incluir los números de teléfono aportados por el periodista Román Lejtman tanto durante tanto su declaración testimonial de un año atrás ante el Tribunal Oral Federal N°2 —en el juicio que actualmente se tramita por la desviación en la investigación del atentado— como durante la instrucción del proceso, a fin de que “sean cruzados con la totalidad de los que se obtengan” de Corach y sus ex asesores, por resultar ello una medida de prueba razonable frente al objeto de la investigación. Durante el juicio oral el periodista había señalado que “un miembro del gobierno nacional" le había ofrecido "400.000 pesos/dólares para que haga la edición del libro”.

¿Qué se investiga en esta causa?

Desde mayo de 2016 el juez federal Ramos interviene en el proceso en el que se investiga la posible intervención y/o participación de Carlos Velasco, María Susana Spina, Javier De Gamas y José Fernando Pereyra, ex secretarios del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 a cargo del entonces juez Juan José Galeano durante la pesquisa del atentado, y el supuesto aporte de Corach en las instancias previas al pago de dinero en efectivo a Carlos Telleldín. En su informe de gestión de julio de este año, la UFI AMIA explicó que la intervención de Ramos fue resuelta tras la decisión de la Sala I ad hoc de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal que apartó al juez federal Ariel Lijo. Hasta el momento, Corach no prestó declaración indagatoria y su situación procesal no se encuentra definida.