El proyecto tiene el objetivo de incorporar al sistema jurídico argentino el Juicio en Ausencia en delitos previstos en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, entre los que se encuentran los crímenes de lesa humanidad y la desaparición forzosa de personas.

La modificación al Código Procesal Penal será introducir, entre otros, un artículo que establezca que "en los procesos en que se hubiese declarado la rebeldía de un imputado, a requerimiento del fiscal, en consulta con su superior jerárquico inmediato, el juez dispondrá la continuación del proceso en ausencia del imputado rebelde".

La iniciativa fue presentada oficialmente mediante una conferencia de prensa de la que participaron los principales referentes del oficialista Cambiemos, del mayoritario Frente para la Victoria y de GEN. Los únicos que estuvieron ausentes fueron los representantes del peronismo puntano y del interbloque UNA.

La iniciativa generó el repudio de organizaciones de familiares de víctimas del atentado. Memoria Activa manifestó en su cuenta de Twitter que el gobierno "presenta un proyecto de ley para cerrar la causa" y apuntó directamente contra Mario Cimadevilla, el titular de la secretaría creada para el esclarecimiento del atentado: " A los promotores del Juicio en ausencia les decimos q se lleva a cabo desde 2015 un juicio en presencia de 13 imputados por encubrimiento. Esta maniobra del Sr. Cimadevilla y quienes lo acompañan los hace cómplices de la impunidad".

"El gobierno presentó este proyecto de ley al juicio en ausencia después de meses de tramitarlo en secreto y aun conociendo el rechazo público de las organizaciones de familiares", expresó Memoria Activa.

Según Luciana Ginsberg, hija de Laura, la titular de APEMIA, el "juicio en ausencia significa el punto final para la causa AMIA". Para el referente de 18J Sergio Burstein, con este proyecto "se está tratando de encubrir lo que pasó antes y después del atentado" ya que "el juicio en ausencia acusaría en abstracto y sin pruebas".