El 2018 será recordado como el año en el que la relación Iglesia-Estado inició la transición a un cambio epocal. El debate del aborto, el financiamiento estatal al clero y la incipiente discusión sobre la educación sexual evidenció un cambio propiciado desde el Gobierno en su relación para con el culto católico que también expresa la distancia con la cual Mauricio Macri y su espacio quieren tratar al Francisco, el Papa argentino.

 

 

Si bien las partes buscan bajar tensiones, como demostró la reciente reunión de la jerarquía episcopal con el Presidente, no es menos cierto que existen diferencias que limitan el diálogo de más alto nivel a la correspondencia protocolar: Macri escribió una carta al Papa en abril, y él se limita a saludar a los argentinos para las fiestas patrias.

 

 Es que la relación escaló a su máxima tensión este año apenas el Gobierno habilitó el debate por la legalización del aborto. La Iglesia saltó a la cancha, animando a los fieles a hacer campaña en contra y, aceptando ser el centro de las críticas de los impulsores, pasó factura tras comprobar un alza del sentimiento anticatólico cuando los pañuelos verdes mutaron por naranjas para exigir la "separación" del Estado". Este fenómeno quedó expresado en lo que los obispos rebautizaron como "nuevas divisiones" en la sociedad, para no azuzar otro término más en boga.

 

 

También cundió malestar por la divulgación de los aportes dinerarios que el Estado hace a los obispos en concepto de sostenimiento del culto. Pero lejos de aferrarse a la letra del artículo 2 de la Constitución, los obispos aceptaron una revisión del esquema que, por otra parte, puede redundar en una mayor independencia y recaudación.

 

 

En la otra vereda, la Iglesia, asumiéndose del lado los más desfavorecidos, elevó críticas al modelo económico y social que, en su opinión, explica el aumento de la pobreza, la malnutrición, la drogadicción, el desempleo, la inflación y una mayor inequidad en la distribución del ingreso. Tanto el Papa como los obispos acompañaron y amplificaron con sus voces y gestos públicos las expresiones de sindicatos, movimientos sociales y partidos opositores.

 

 

Así las cosas, la relación se teje al momento a nivel de funcionarios, sin más. A nivel diplomático, la relación no halló avances desde la salida de la ex canciller Susana Malcorra, que supo visitar la residencia pontificia. Al actual ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, se le concedió apenas un saludo protocolar en Roma, después de una misa de semana. Desde entonces, las gestiones por un encuentro entre ambos líderes, que no se ven desde octubre de 2016, fracasaron.

 

 

 

Con todo, el Gobierno tiene en la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dos espadas de buen trato con Roma. Ese empeño permitió que la Iglesia sea aliada para bajar al terreno la ayuda social dispuesta en el acuerdo con el FMI para contener el conflicto.