En Paraguay, que podríamos considerar un país bendecido por la abundancia de agua, sin embargo, solo el 64% de su población dispone de agua potable, siendo así uno de los países con menor cobertura en ese aspecto en la región. Y ni hablar del sistema de alcantarillado sanitario por redes colectoras ni de tratamiento de aguas negras, donde el déficit es mucho más significativo. No se cuenta con una política que realmente pueda enfrentar la situación del agua en nuestro país, pese a que existen cerca de 20 instituciones involucradas en la temática del gerenciamiento de ese recurso. De esta manera, el agua potable es un derecho aún negado a muchos paraguayos. En este Día Mundial del Agua es triste señalar que esta es la realidad de nuestro país, mientras sus autoridades están en una lucha encarnizada por espacios de poder para servirse a sí mismas y no a la gente.

En la fecha se recuerda el Día Mundial del Agua, bajo el lema “Aguas residuales, ¿por qué desperdiciar agua?”. El enfoque es reducir y reutilizar las aguas residuales, que está muy en consonancia con lo expresado en el punto 6.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de Naciones Unidas, que, a propósito, apunta a “mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación, eliminar los vertidos y minimizar la liberación de productos químicos y materiales peligrosos, reducir a la mitad el porcentaje de aguas residuales no tratadas y aumentar sustancialmente el reciclaje y la reutilización segura del agua”.

En la actualidad, la realidad del agua en el mundo se torna cada vez más crítica, y, paradójicamente, en este tiempo en que la tecnología brinda mil y una maneras de asegurar la calidad del agua para las personas. Informes de Naciones Unidas dan cuenta de que 663 millones de personas viven sin un suministro de agua segura cerca de su casa, pasan innumerables horas formando colas o caminando a fuentes lejanas, haciendo frente a los impactos en la salud del uso de aguas contaminadas. En un plano global, más del 80% de las aguas residuales vuelve a fluir hacia el ecosistema sin ser tratadas ni reutilizadas. Asimismo, 1.800 millones de personas utilizan una fuente de agua potable contaminada con heces con riesgo de contraer enfermedades como cólera, disentería, fiebre tifoidea o poliomielitis; consecuentemente, esta es la causa de alrededor de 842.000 muertes anuales de niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad.

En Paraguay, que podríamos considerar un país bendecido por la abundancia del agua, sin embargo, solo el 64% de su población dispone de agua potable, siendo así uno de los países con menor cobertura en ese aspecto en la región.

Y ni hablar del sistema de alcantarillado sanitario por redes colectoras ni de tratamiento de aguas negras, donde el déficit es mucho más significativo.

De acuerdo a recientes declaraciones del ingeniero Francisco Martínez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Ingenieros Sanitarios, esta realidad constituye una verdadera “bomba de tiempo” que atenta en contra de los afluentes, ríos, arroyos y acuíferos que se encuentran especialmente en Asunción y Central. En este sentido, el Acuífero Patiño, que abastece a Asunción, zonas urbanas del departamento Central y parte de Paraguarí, será el más afectado.

En 2002, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), de las Naciones Unidas, incorporó la Observación General Nº 15 que declara que “el agua es un recurso natural limitado y un bien común fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. Conforme a esta misma tesitura, el sociólogo argentino José Esteban Castro, disertante en el “Conversatorio sobre el Derecho al Agua”, realizado recientemente en la Universidad Católica de Asunción, además de mencionar que este recurso no es una mercancía, dijo que el servicio de agua potable debe democratizarse, a fin de que el líquido pueda llegar a todos de manera equitativa.

Desde hace más de dos décadas, el Estado paraguayo se ha venido comprometiendo a nivel internacional a fin de asegurar la disponibilidad del agua, mediante el respeto y la protección de los recursos hídricos, evitando la contaminación y asegurando la sostenibilidad de los mismos. De esta manera, se obligó a garantizar el acceso pleno y universal al agua necesaria para uso personal y doméstico, independientemente de la capacidad adquisitiva de las personas. Lamentablemente, estos propósitos nunca se tuvieron en cuenta, y la falta de acceso al agua y la contaminación de este recurso vital han ido de mal en peor, teniendo en cuenta que en el país no existe una política estatal que cumpla con las recomendaciones y observaciones de las instancias internacionales; por el contrario, cada Gobierno ha ido desechando el plan que el anterior elaboró y comenzó a implementar. De esta manera, no se cuenta en la actualidad con una política que realmente pueda enfrentar la situación del agua en el país, principalmente aquella que se refiere a su deterioro.

Pese a que en el Paraguay existen cerca de 20 instituciones involucradas en la temática del gerenciamiento del agua, en la realidad esta problemática no tiene visos de solución. La Ley 2552/05 establece que las aguas superficiales y subterráneas son propiedad de dominio público, sin embargo, hasta el momento no existe claridad sobre el rumbo que va a tomar el sector debido a la falta de reglamentación de la Ley Nº 3239/07 de recursos hídricos del Paraguay, cuya normativa propone ordenar el sector del agua, y que señala explícitamente que este líquido es un derecho que no debe ser negado a nadie, y que la cuenca hidrográfica es una unidad básica de la gestión de los recursos hídricos que debe ser descentralizada, participativa y con perspectiva de género.

A la fecha, el agua potable es un derecho aún negado a muchos paraguayos. En este Día Mundial del Agua es triste señalar que esta es la realidad del Paraguay, mientras sus autoridades están en una lucha encarnizada por espacios de poder para servirse a sí mismas y no a la gente. Consecuentemente, la ciudadanía debe seguir el consejo del obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar, en el sentido de que “las personas deben saber exigir a sus autoridades que cumplan sus trabajos, para los cuales se comprometieron”, al reclamar que se utilice en forma correcta y honesta el dinero que reciben del exterior para dotar de sistemas de agua tratada a todos los pueblos y ciudades del país.